Factura electrónica, ¿el dedo en la tecla?

La carrera de la factura electrónica sigue, porque es una carrera de fondo que no parará hasta que su uso sea una práctica habitual y completamente normalizada en nuestros negocios, tanto con el sector público como con el privado. Pero la etapa que venimos cubriendo, desde el 15 de enero, es la de la facturación electrónica a las administraciones públicas. Cuando hablamos de éstas, los primero en que pensamos es en un ministerio o un ayuntamiento. Pero entre los organismos públicos hay también diputaciones, mancomunidades, cabildos, universidades, hospitales… y a medida que profundizamos, la cuestión se va tornando más compleja.

Hace algo más de un mes reflejábamos la situación en este post, tal como la veíamos y nos la describían distintas entidades involucradas. Esta semana hemos sabido que desde el 15 de enero se han tramitado 1.200.000 facturas a través de FACe, el sistema que la Administración Central ha dispuesto, por defecto, para el envío y gestión de las e-facturas. Pero el artículo en cuestión no nos dice nada de las que se han rechazado por cualquier defecto, se han quedado varadas en el sistema o, simplemente, han sido tramitadas por otras plataformas distintas a FACe. Y por su parte, este otro artículo, publicado en Infoautonomos, nos aporta una sucinta pero completa radiografía del estado de la cuestión.

¿Pretende el Gobierno poner el dedo en la tecla ante los problemas que se están suscitando en la adopción de la facturación electrónica en las relaciones comerciales con la Administración? Se encuentra en tramitación parlamentaria una modificación a la Ley de Impulso de la Factura Electrónica, del 27 de diciembre de 2013, que estipulaba el funcionamiento del nuevo proceso. El borrador está disponible en el Boletín Oficial de las Cortes. De su lectura se desprenden, entre otros, dos cambios sustanciales:

  • Dado que no todas las entidades públicas tienen dispuestos sus puntos de entrada, o en ciertos casos no están funcionando lo correctamente que se esperaba, se trataría de que las facturas dirigidas a esas entidades puedan remitirse directamente a la Administración General del Estado. Ésta las trasladaría a un repositorio, al que la entidad responsable en cuestión debería acceder para recogerla y tramitarla.
  • Aún así, y como se presume o sospecha que seguirán quedando facturas en el limbo, se establecería, según el citado borrador, que las Intervenciones Generales y los órganos equivalentes de cada administración realicen cada año un trabajo de búsqueda –auditoría o barrido, como lo quieran llamar- a fin de detectar y gestionar posibles facturas retenidas por cualquier motivo.

Estas modificaciones están pendientes de su redacción final y posterior aprobación. Por lo tanto, está por ver si con ellas se acierta a poner el dedo en la tecla exacta. Por lo demás, en Esker seguimos ofreciendo información y ayuda a todas las empresas que están dando el salto a la factura electrónica, tanto si trabajan con la Administración como si no. Aparte de cumplir la ley, es cuestión de eficiencia, transparencia y rentabilidad empresarial.

Y como todavía queda mucho camino por recorrer, seguiremos…

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